El senador estadounidense pide investigar a Musk por presionar a los anunciantes.

2025-10-22 06:28:31 Clasificación：Consultas de operadores leer(7)

El multimillonario tecnológico estadounidense y propietario de X (anteriormente Twitter), Elon Musk, ha vuelto a generar controversia por una presunta mala conducta en su cargo gubernamental. Según múltiples informes de medios, cinco senadores demócratas de Estados Unidos han escrito al fiscal general Pam Bondi, instando al Departamento de Justicia a investigar si Musk ha utilizado su posición en el gobierno de Trump para presionar a los anunciantes, obligándolos a volver a colocar anuncios en la plataforma X.

Senadores acusan a Musk de presionar a los anunciantes

La carta fue firmada conjuntamente por cinco senadores, incluidos Elizabeth Warren. Señalan que, mientras Musk se prepara para ocupar un "puesto influyente" en el gobierno de Trump en 2024, la dirección de X presionó a ciertos anunciantes que retiraron sus inversiones debido a su descontento con las políticas de la plataforma, exigiendo su regreso a X y amenazando con consecuencias políticas si no cooperaban.

Los senadores escribieron en la carta: "Si Musk está utilizando su puesto gubernamental para proteger a aquellos con quienes tiene relaciones comerciales o para reprimir a las empresas que se niegan a cooperar con él, podría estar violando las leyes de ética criminal". También enfatizaron que el Departamento de Justicia tiene la responsabilidad de investigar este comportamiento y asegurar que los funcionarios públicos no abusen de su autoridad.

Los abogados de X habrían amenazado a los anunciantes

Según informes anteriores de los medios, uno de los cuatro grupos de publicidad más grandes del mundo, Interpublic, recibió una llamada de los abogados de la plataforma X exigiendo que "haga que sus clientes inviertan más en publicidad en X o enfrentarán consecuencias". Es importante destacar que esta amenaza ocurrió cuando Interpublic estaba a punto de fusionarse con su competidor Omnicom Group por 13 mil millones de dólares, transacción que necesita la revisión antimonopolio del Departamento de Justicia.

Los senadores creen que Interpublic entendió el trasfondo de la llamada: si sus clientes no aumentaban su inversión publicitaria en X, Musk podría utilizar su influencia en el gobierno de Trump para retrasar o incluso impedir la fusión. También enviaron cartas al presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC), Andrew Ferguson, y al fiscal general adjunto interino del departamento antimonopolio del Departamento de Justicia, Omeed Assefi, solicitando una revisión independiente para determinar si la fusión de Interpublic fue influenciada por Musk.

Senadores exigen una investigación exhaustiva sobre el comportamiento de Musk

Los senadores advirtieron que la dirección de X podría estar llevando a cabo algún tipo de "transacción de intercambio", exigiendo a Interpublic que genere más ingresos publicitarios para X a cambio de la aprobación de su plan de fusión por parte del gobierno de Trump. Enfatizaron que: "Musk no puede estar por encima de la ley simplemente porque es la persona más rica del mundo".

Además, instaron al Departamento de Justicia a investigar si Musk está utilizando su puesto gubernamental para coaccionar a los anunciantes o participar en decisiones que podrían afectar sus intereses económicos, y destacaron que, de haber pruebas de violación de las leyes de ética federal, el Departamento de Justicia debería tomar medidas.

El rol gubernamental de Musk genera preocupación

Además de controlar X, Musk posee Tesla, SpaceX y otras compañías, ejerciendo una gran influencia en los campos de la tecnología y los negocios en los últimos años. Aunque no ocupa un puesto gubernamental electo, su rol como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) le otorga el estatus de empleado especial del gobierno. Este rol ha generado preocupación entre algunos políticos, quienes temen que Musk podría utilizar su poder para beneficiar sus intereses personales o tomar represalias contra sus rivales comerciales.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia no ha respondido a este asunto, y la atención del mercado y del ámbito político sobre el tema sigue en aumento.

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